LA INFANTA CRISTINA Y EL JUEZ CASTRO

El 22 de diciembre nos despertamos con tres cuestiones importantes: la celebración de la lotería de navidad, la imputación de Mas y la de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales. A este último asunto, por su importancia, es al que voy a referirme y a las consecuencias trasversales de las que me voy a explayar.

El juez Castro, olvidándose de la doctrina Botín, ha hecho caso a la acusación popular de “Manos Limpias”, y ha obviado al Fiscal, a la Abogacía del Estado y a la Agencia Tributaria. Y yo me pregunto…si no tiene razón: ¿responde de ello? Me temo que no y eso es a lo que no hay derecho y eso es lo que verdaderamente me preocupa. ¿Porqué los jueces no responden personalmente de sus equivocaciones? Y no estoy afirmando que el juez Castro se haya equivocado, sólo pienso que de sus declaraciones en instrucción y lo manifestado por la Prensa, yo presumía ya que iba a realizar la resolución que ha dictado. Resolución novedosa y en contra de criterios jurisprudenciales anteriores.

La infanta Cristina si sale indemne de éste asunto, podría y debería reclamar los daños y perjuicios que le han ocasionado por mal funcionamiento de la justicia. Y no lo hará. Mas si lo hiciera, no respondería el juez Castro, sino el resto de los contribuyentes españoles con nuestros impuestos. Y es a lo que yo no estoy dispuesto. Lo que estoy dispuesto es que los jueces y los fiscales paguen sus errores de su bolsillo, y para eso hay que cambiar la ley. Me asombra que se reúnan los jueces y censuren el clima de corrupción existente entre la clase política. Pero yo les pido, y expresamente al Consejo General del Poder Judicial, que tomen un espejo y se miren. Tengo a mis espaldas más de diez mil pleitos ejercidos, en representación de la Abogacía del Estado, y por ello he conocido jueces de todo tipo; buenísimos, regulares, mediocres e incluso jueces que deberían estar en la cárcel. Y por qué no lo están, se preguntará el lector. Por una razón muy sencilla porque la legislación penal es muy blanda con ellos. Ustedes se imaginan que cuando un juez comete el delito más grave que puede hacer en el ejercicio de su función, como puede ser la prevaricación, se le “premie” echándole de la carrera, y digo que se le premia porque se dedica a una actividad privada dónde se “forra” a ganar dinero, en vez de estar seis años en la cárcel, que es lo que merece. Y lo mismo ocurre con los fiscales que pueden mentir sin cometer delito y no les pasa nada, y si reclamas una indemnización no la pagan ellos sino los contribuyentes españoles. Eso sí, el resto de los españoles; abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, peritos nuestras equivocaciones las pagamos de nuestro bolsillo, e incluso a veces con la prisión . Y porqué, no ellos.

Todo este artículo viene a intentar que el Consejo General del Poder Judicial ponga de una vez por todas orden en este desorden, y se ocupe de que lo que aquí tratado se lleve a un plano legislativo, y de este modo empezaremos a confiar en la justicia, y tener por fin esperanza en la judicatura y en la fiscalía, confianza que para desgracia del justiciable hoy no existe.